Este proceso garantiza que los promotores incorporen medidas preventivas y correctoras antes de la ejecución del proyecto, contribuyendo a un desarrollo sostenible. Dependiendo de la magnitud del proyecto, la evaluación puede ser ordinaria o simplificada, y siempre concluye con un informe o declaración ambiental vinculante, que condiciona la autorización final. La evaluación asegura la protección del entorno natural y urbano, fomentando la planificación responsable y la participación pública. Se aplica a proyectos de distinta índole, desde obras de infraestructura hasta actividades industriales que puedan generar efectos significativos sobre el medio ambiente.